P-ES.- La corresponsal de Reporteros Sin Fronteras en España (RSF-ES) ha iniciado una investigación para determinar si la campaña de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) contra la exposición “Crónicas vascas” que muestra el Museo Guggenheim de Bilbao es un ataque a la libertad de expresión del fotoperiodista Clemente Bernard, quien ha pedido amparo a la organización.

Bernard se declara en un escrito dirigido a RSF-ES “perseguido como fotoperiodista y como persona” después de que el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco, Covite, haya pedido a los responsables del Museo Guggenheim la retirada de las fotografías por considerarlas "hirientes y humillantes para las miles de víctimas del terrorismo de ETA".

El Partido Popular (PP) anunció seguidamente que pedirá al Parlamento vasco que exija al Museo Guggenheim de Bilbao "la retirada inmediata" de la exposición fotográfica de Clemente Bernard, ya que, a su juicio, las imágenes suponen "una apología de los crímenes de ETA" y "resultan humillantes para las víctimas".

El director del Museo Guggenheim-Bilbao, Juan Ignacio Vidarte, ha destacado a su vez la “especial sensibilidad” del centro de arte por el "dolor de las víctimas" y aseguró que las fotografías de Clemente Bernard "cumplen absolutamente con la legalidad de respetar la intimidad de las personas".

Bernard detalla en su petición de amparo que el reportaje sobre el conflicto vasco le ocupó un período de tiempo de catorce años, y que lo abordó “de manera personal, para evitar cualquier tipo de manipulación y de injerencia y también para poder trabajar durante un segmento de tiempo que me permitiera trabajar en profundidad y ser lo más riguroso posible”.

De la totalidad del material extrajo un centenar de fotografías que son el cuerpo del trabajo sobre las que junto a la comisaria de la muestra, Rosa Martínez, se hizo la selección final para el Guggenheim.

Los criterios para la selección, explica Bernard, “fueron variados y van desde el propio contenido de las imágenes hasta su aspecto visual o compositivo, ya que el uso al que iban a ser destinadas no era su publicación sino su exposición en un Museo de las características del Guggenheim Bilbao, lo cual requería un tipo de análisis diferente. Como entre todas las fotografías hay bastantes que muestran atentados, cuerpos de personas muertas, etc,..., decidimos también solicitar permisos a las familias”.

Uno de esos permisos, añade, se solicitó a la familia de Miguel Ángel Blanco Garrido, a través de la Fundación Miguel Ángel Blanco de la cual su hermana María del Mar es Presidenta. La fotografía mostraba dos radiografías de la cabeza de Miguel Ángel Blanco y se tomó en una rueda de prensa que ofreció un responsable del equipo médico que lo atendió, para explicar a todos los periodistas congregados el alcance de sus heridas.

La respuesta de Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco, fue que “una vez consultada la familia y nuestros servicios jurídicos debo comunicarle el expreso deseo de la familia de NO AUTORIZAR la inclusión de la foto propuesta que parece tener que ver con el asesinato del Sr. Miguel Ángel Blanco, por criterios de respeto, humanidad, derecho a la imagen y al honor y humillación a la victima como así recoge el Código Penal. Esperamos que quede claro que la incorporación de la foto al proyectosería respondido con la actuación de nuestros abogados”.

Bernard, atendiendo a estos motivos, respondió que dicha fotografía no sería incluida en la exposición y, y junto a la comisaria, ultimó la selección de doce fotografías.

Sin embargo, explica, el domingo 14 de octubre recibo una llamada de un periodista interesándose por las fotografías, de las cuales conocía todos los detalles, y que le manifestó que habían sido filtradas por la propia Fundación Miguel Ángel Blanco, hecho que considera “de la máxima gravedad”, por cuanto “es una correspondencia privada con documentos privados y confidenciales que ahora se están utilizando sin control por diversas organizaciones, partidos políticos, el PP hace referencia en una nota a otra fotografía que sólo figura en dicha comunicación privada y que no está expuesta y medios de comunicación”.

Bernard concluye que “siempre he realizado mis trabajos con un respeto reverencial al honor de las personas y por supuesto a las víctimas, sean quienes sean, y creo que dicho reportaje cumple fielmente esos propósitos. Ante un reportaje se pueden hacer las lecturas que se deseen porque cada cual es dueño de sus opiniones, pero en este caso entiendo que se están vulnerando mis derechos y tergiversando deliberadamente mi trabajo y mis intenciones, arrojándome a las patas de los caballos con acusaciones gravísimas que incluso se recogen como delitos de terrorismo en el Código Penal Vigente. Ante esto me siento perseguido como fotoperiodista y atacado en mi honorabilidad, por lo que solicito el amparo de Reporteros Sin Fronteras”.

fuente: Periodistas-es